La Sociedad Andaluza de Neurología (SAN) se suma a la preocupación expresada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) ante la decisión adoptada el pasado 15 de julio por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), que ha resuelto no incluir en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud los fármacos lecanemab y donanemab, indicados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial.
Ambos medicamentos cuentan con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tras la evaluación de su balance beneficio-riesgo, y representan los primeros tratamientos capaces de modificar el curso biológico de la enfermedad. Su exclusión de la financiación pública limita el acceso a estas terapias a la prescripción en el ámbito privado, lo que introduce una barrera económica que puede comprometer la equidad en el acceso a la innovación terapéutica entre los pacientes andaluces.
La enfermedad de Alzheimer constituye un reto sanitario y social de primer orden, con un impacto directo sobre miles de familias en Andalucía. Como sociedad científica, entendemos que la incorporación de estos fármacos exige garantías de sostenibilidad y unas condiciones de uso seguras, pero consideramos que este objetivo debe abordarse mediante el diálogo entre las partes implicadas, y no mediante la exclusión de un tratamiento ya avalado por la evidencia científica.
La SAN respalda el documento de consenso elaborado por el Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN para el uso apropiado de estos fármacos en la práctica clínica, y traslada su plena disposición a colaborar con las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales, así como con las asociaciones de pacientes, en la definición de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan, cuando se resuelva la financiación, una implementación ordenada en los servicios de Neurología de Andalucía.
Confiamos en que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos reconsidere su decisión en la reunión prevista para el 23 de septiembre, atendiendo a la evidencia científica disponible y al principio de equidad que debe regir el acceso a los tratamientos dentro del Sistema Nacional de Salud.
